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19.3.09

ALLANARON OFICINAS DE LA DPEC !!!


CoRrIeNtEs dE PiE- pORtAL AlTeRnAtIvO...

BUSCAN VINCULACIONES
Causa Urbatec: allanan oficinas de Dpec


fuente : MOMARANDU.-

La Justicia allanó este jueves oficinas de la DPEC por la causa que investiga la asistencia técnica de URBATEC. Buscan aclarar se informó a Momarandu.com, si la empresa aún continúa ligada al Estado pero además habrían solicitado registros de la pérdida energética que declara el ente provincial.

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La jueza del Juzgado de Instrucción Nº1, Norma Agraso de Caballero y el Fiscal Marcelo Chaín, lideraron este hoy un nuevo allanamiento a las oficinas de la Dirección Provincial de Energía -DPEC-, emplazada sobre la intersección de Salta y San Martín de la Ciudad de Corrientes.

Los funcionarios judiciales buscan, según se informó a Momarandu.com expedientes para constatar la veracidad de una suposición: que Urbatec la firma aún continúa relacionada a la Dpec a pesar de haberse dictado su separación.

Pero además, los funcionarios buscan documentos que detallen el grado de pérdidas técnicas y no técnicas que registra la Dirección Provincial de Energía, para verificar que la disminución anunciada por el interventor de la entidad, Julio Espínola, “sea cierta”.

Para asesorar a la Dirección de Energía sobre cómo disminuir ese valor en Corrientes, Urbatec había sido contratada por el Estado provincial. Pero la firma fue cuestionada judicialmente y se denunció que obtuvo ganancias de $4 millones en 2007.

No es la primera vez que la justicia allana por este motivo las oficinas de la Dpec. En julio de 2008, a través de una disposición, la jueza Norma Beatriz Agraso de Caballero, se allanaron las oficinas de varias áreas de la empresa estatal de energía.

Se analiza el contrato que liga a URBATEC con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, debido a posibles cláusulas más favorables para la firma privada. Es que se denunció que ese convenio le aseguraba un importante dividendo en las ganancias.

Según el convenio la asistencia técnica le cuesta a la DPEC 50 mil pesos por mes, y una participación del 30% en las ganancias. Se investiga si los fondos se obtuvieron legítimamente o mediante cláusulas en detrimento de la DPEC, o no.

El interventor de la Dpec había declarado Momarandu.com que con el asesoramientode Urbatec la facturación del ente había mejorado un 17%, su recaudación un 13% y que se habían regularizado más de 30 mil conexiones clandestinas, además de reducirse también un 13% la energía que se sustrae al sistema a través de conexiones ilegales.

Pero cinco meses después, en diciembre de 2008, la Dirección de Energía oficializó, jaqueada por causas judiciales, la caída del contrato con Urbatec a pedido de “la propia empresa”, según se informó. La firma “expresó su sus planes luego de que los depósitos por la prestación fueran retenidos judicialmente”.

28.2.09

Cacho Ayala , Julio Cesar Barozzi , Orlando Diego Romero y Jorge Saravia Acuña .. PRESENTES !!!!!!!





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La "Causa Ayala" tiene fecha


El debate oral por la causa que investiga la desaparición del "Cacho" Ayala, Julio César Barozzi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero, se inicia el 5 de agosto.



Fuente : Portal de la comision de Derechos Humanos de Corrientes


El imputado es quien dirigió el operativo de detención, tras el que desaparecieron los cuatro, el policía Diego Ulibarrie, pero a la luz de lo que se vertió en la Causa RI9, con los testimonios de Carlos Achar Carlomagno y Silvia Martínez, los recientemente condenados Julio Barreiro y Juan Carlos De Marchi, deberían ser investigados por el destino final de los detenidos. Carlos Achar dijo al respecto "el Capitán De Marchi me dijo : hijo de puta ahora te vamos a reventar como le hicimos a los Cachos”. “¿Sabés de quien hablamos?” me preguntó el Subteniente Barreiro, yo respondí que no, entonces Barreiro me dijo; “Del Cacho Ayala y el Cacho Barozzi; al Ayala lo reventamos en la tortura y a Barozzi de un tiro en la cabeza y después lo tiramos en la laguna, esa que está cerca de la “quinta”, para que las palometas terminen con ellos”. Tema que quedará pendiente para el RI9 II seguramente.


Existe mucha expectativa por esta causa por la popularidad de la que gozaba el abogado "Cacho" Ayala, letrado que supo defender a los ladrilleros, dotado de una profunda moral cristiana que lo llevó a asumir el compromiso por los pobres que promovía el Concilio Vaticano II.

Las víctimas


Orlando Diego Romero era casado. Trabajaba de comerciante y estudiaba. Fue secuestrado en la vía pública en Corrientes, frente al Club San Martín, junto a Julio César Barozzi, Vicente Ayala y Jorge Saravia.
Jorge nació en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1946. Hizo sus estudios secundarios con los Maristas de San Isidro.

Era Licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) y profesor en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, con estudios de post grado en EE.UU.

En el año 1962 ingresó en el Colegio Militar de El Palomar, por influencia de un tío materno. Siendo cadete sacaba excelentes notas en todas las materias excepto en aptitud militar, lo que no sucedía por falta de destreza física, sino por razones más profundas que quizás él mismo no comprendiera del todo. Al cabo de un año, él se dio cuenta que no le gustaba el Ejército, y el Ejército se dio cuenta que no le gustaba Jorge Saravia Acuña.

Julio César, “Cacho”, cursó toda su escolaridad en el Colegio Don Bosco de Curuzú Cuatiá y tras su egreso de la secundaria con el título de Perito Mercantil en el año 1971, viajó a la ciudad de Corrientes para estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste.

Como muchos jóvenes de su generación, vivió comprometido con la lucha por una sociedad más justa y solidaria, y quiso ser médico, impulsado por la idea de que la salud es un derecho humano esencial inherente a todas las personas.
El "Cacho" Ayala fue el mas conocido en Corrientes. Abogado de los humildes, comprometido hasta la médula.

Su madre, María Estela Carrazzoni de Ayala es uno de los miembros fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. De modos tiernos, dotada de una dulzura tan grande como su obstinación, la sra. de Ayala mereció conocer la sentencia de la "Causa RI9"...pero no llegó, apenas se había iniciado esta megacausa cuando fue presurosa a encontrarse con el Cacho, con su esposo, doña Esther Galarza de Artieda, los Marcón y tantos otros, allí donde se reúne la "compañerada" cuando deja el mundo terrenal, instalándose inmortales en la conciencia de otros compañeros y familiares que habrán de recoger su lucha y continuar el perenne reclamo de justicia y memoria.
Cacho nació en Corrientes el 1° de marzo de l946. Cursó su escuela primaria en el Colegio Salesiano y la terminó en el Colegio de los Capuchinos en Concordia (Entre Ríos). Terminó el secundario en el Colegio "Alejandro Carbó" de esa localidad entrerriana, donde figura con otros 7 desaparecidos en una hermosa placa que les dedicaron.

Decidió seguir la carrera de Derecho, para lo cual regresó a su tierra natal, objetivo que siempre había soñado.(1964). Su espíritu inquieto por lo social encontró estímulo en el Padre Raúl Marturet, a cargo por entonces del Pensionado Católico para estudiantes universitarios del interior. Poco a poco fue alternando su vida entre la prosecución de su carrera y la opción por los oprimidos. Por estos motivos, participó a comienzos de los 70 en una huelga de hambre en favor de los cinco sacerdotes del Tercer Mundo, comprometidos con su pueblo que fueron excomulgados por las autoridades de la Iglesia :Padres Raúl l Marturet, Belisario "Pucho" Tiscornia, Luis Niella, Gabino Casco y Babín.

Dejó a su esposa y un hijo de un año, Diego, además de padres y hermanos. Todos lo buscaron siempre. Cacho Ayala sí era un auténtico cristiano, jamás habría estado en una esquina vivando a torturadores en medio de rezos. Estaba como Jesús, al lado de los pobres.

25.2.09

Judiciales , Actualizan petición salarial ...


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25/02/2009
Empleados judiciales actualizaron petición salarial

Fuente : TodoCorrientes

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) reiteró al Superior Tribunal de Justicia el pedido de recomposición salarial. Piden actualizar el porcentaje del deterioro de los haberes del sector llegó al 42,6 %, tomando de base el índice de precios al consumidor de INDEC.

El porcentaje se da en base a un estudio de cálculo realizado por el gremio de donde surge la caída del salario de los judiciales desde junio 1985 a enero de 2009. En este marco, lo que se plantea con la petición del 42,6 %, es poder recuperar paulatinamente el poder adquisitivo que se tenía hace más de dos décadas y media, sin siquiera mencionar un incremento salarial.

De esta manera el SITRAJ actualizó el petitorio presentado ante el STJ del 20 de octubre de 2008, por el cual se iniciara el Expte. Nº S-206/08, ante la demora en la respuesta y el transcurso del tiempo, adjuntando planilla de cálculo al mes de enero de 2009, destacando el deterioro del salario judicial que alcanza el 42,6 %.

El contexto

“La presentación se respalda no solo en las normas legales vigentes –Constitución de la Provincia de Corrientes, Ley de Autarquía Financiera Nº 4420/90, Ley de presupuesto Nº 5.821/08 (Prorrogado hasta la sanción de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2009), etc.- sino principalmente en la crisis económica que atraviesa la familia judicial, al igual que el resto de la ciudadanía”, indicaron en un comunicado.

“En los últimos tiempos venimos soportando exorbitantes incrementos en las tarifas de los servicios públicos esenciales, como el de la energía en un 300 % y el agua potable, entre otros, teniendo que optar por cubrir éstos o priorizar la alimentación y salud de nuestras familias, a lo que se suma el gasto ante el inicio del ciclo lectivo. Es por eso que consideramos que se tendrá en cuenta el contexto social y económico a la hora de resolver nuestra reiterada petición de recomposición salarial”, manifestaron.

Los números

Teniendo en cuenta que las remuneraciones de los miembros del STJ es de $ 4.594,91 (Acuerdo Nº 27/08, punto 18) a enero de 2009, mes tomado como referencia, debería ser de $ 6.555,91 si aplicamos el 42,6775935 según el Indice de Precios al Consumidor - Nivel General, significando un deterioro salarial mensual de $ 1.961,00 en el caso de los integrantes del Alto Cuerpo.

24.2.09

Los mismos Crimenes de Lesa Humanidad , la Misma Dictadura !!!


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SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Declaran imprescriptibles las torturas en Malvinas


Fuente : Diario El Litoral
Fecha Publicación: Martes, 24 de Febrero de 2009

La jueza que investiga el maltrato sufrido por un soldado del Regimiento de Curuzú Cuatiá determinó que los hechos son imprescriptibles. Se abren mejores condiciones para el esclarecimiento.



Los hechos comenzaron a ser investigados 25 años después de la guerra.
La Justicia Federal calificó como delitos de lesa humanidad a los estaqueamientos y maltratos sufridos por ex conscriptos en la guerra de Malvinas, un nuevo avance hacia el esclarecimiento de hechos denunciados recién en 2007, a 25 años de la conflagración bélica. La declaración de los tribunales surgió la semana pasada en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde una jueza investiga el caso que tuvo como víctima a un soldado de Curuzú Cuatiá.

El jueves último la jueza federal de primera instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Selemme, consideró delito de lesa humanidad el caso del soldado Juan Carlos Gómez, que alistado en un batallón del Regimiento de Curuzú Cuatiá, sufrió un estaqueamiento de varias horas en el Liceo Militar de la ciudad chubutense donde ahora, a 27 años de la guerra, se intenta esaclarecer las torturas. La noticia obtuvo dimensión nacional.

De acuerdo con una información editada ayer por el diario Clarín, la calificación de la magistrada surgió luego de que uno de los abogados que entiende en el caso reclamara la imprescriptibilidad de los hechos denunciados. Es la misma condición en la que se encuadran, por ejemplo, las desapariciones y torturas cometidas durante el gobierno de facto.

Lo concreto es que ahora, la imprescriptibilidad de los hechos abre mejores condiciones para el esclarecimiento de más de 60 casos denunciados por soldados correntinos, chaqueños, santafesinos, salteños y de otras provincias, estaqueamientos, muertes, torturas y vejámenes radicados por primera vez en abril de 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego).
El caso que se tramita en Chubut tiene como imputados al sargento primero Hugo Álvarez y el ex capitán Daniel Alejandro Delfor Polano, actualmente teniente coronel. La denuncia que los implica la presentó el soldado Gómez, quien en abril de 1982 pertenecía a la III Brigada de Curuzú Cuatía.

Según Gómez, en los días previos a partir hacia Malvinas fue estaqueado por Alvarez durante varias horas en el predio del Liceo Militar "General Roca", de Comodoro Rivadavia.

Vale señalar, hace poco más de una semana, cuatro ex compañeros de Gómez dieron su testimonio directo y reconocieron a Alvarez sin equívocos, en una ronda de reconocimiento ante la jueza Selemme, que se trasladó a Capital para efectuar esa diligencia en el Edificio Centinela de la Gendarmería. “La causa se abrió hace menos de un año, y mientras Polano se negó a declarar, Alvarez sí se presentó, pero negó todo, incluso que se torturara a la propia tropa en Malvinas”, señaló el diario Clarín.

Antes, los testigos reconocieron el establecimiento donde se produjo el estaqueamiento con sobrada facilidad, según destacó la prensa nacional.

22.2.09

oTRO aMPARO CONTRA LOS tARIFAZOS...

Energía: llegaría a la Justicia el tercer amparo colectivo contra el tarifazo
Fecha Publicación: Lunes, 23 de Febrero de 2009

fUENTE : el LITORAL.-

El integrante de Aucc, Héctor Salas manifestó sus intenciones de realizar una presentación judicial para frenar los aumentos en el costo de la luz. La semana pasada el Ministerio Público impulsó una iniciativa similar.



Pretenden que la Dpec frene la aplicación de los aumentos tarifarios.
Tras el rechazo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al amparo colectivo presentado por el senador Gustavo Canteros, referentes de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes (Aucc) anunciaron sus intenciones de impulsar una iniciativa similar. El objetivo de la iniciativa es frenar la aplicación de aumentos en el costo del suministro eléctrico a los usuarios de esta parte del país.
“El Ministerio Público, las Asociaciones de Consumidores y el Defensor del Pueblo son los únicos organismos legitimados para presentar recursos de amparo colectivos”, aseguraron fuentes judiciales. Vale resaltar que uno de ellos, (el Ministerio Público a través de la defensora de pobres N 2 Norma Maciel) hizo uso de esta facultad la semana pasada al interponer un amparo colectivo contra la Dpec y contra la Provincia por el tarifazo energético.
Ahora, y mientras los usuarios esperan la resolución a dicho recurso, la Aucc también confirmó sus intenciones de impulsar una acción que frene la aplicación de los aumentos en el costo de la energía eléctrica.
Según informa un portal digital local, la presentación se elevaría esta semana. “A pesar de que Nación dejó de subsidiar en parte al mercado mayorista energético, el costo de la electricidad sigue siendo diferencial para Corrientes”, dijo el integrante de Aucc, Héctor Salas y resaltó que por ello la demanda será dirigida a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).
Esta presentación será paralela a la iniciada por el director de la Aucc Nelson Veas Oyarso quien impulsa desde la semana pasada una serie de reclamos al Estado Nacional.
El recurso anunciado por Salas pretende que se impida a la Dpec cobrar el último aumento tarifario, pero además busca frenar el corte del servicio a los usuarios en caso de que “no paguen” la suba.
En caso de que se avale el pedido, los usuarios deberán ser colocados administrativamente por la Dpec en la situación que estaban antes de que la Comisión solicitara la interposición de la Justicia. Esto se mantendría hasta que se defina la legalidad o ilegalidad del incremento autorizado por la Dpec.
Se convertiría este en el tercer recurso de Amparo colectivo presentado en lo que va del año. Es importante resaltar que el primero de ellos (interpuesto por el senador Gustavo Canterios) fue recientemente rechazado por el Superior Tribunal de Justicia. El segundo (que había recaído en el Juzgado Civil N° 11 a cargo de la jueza Silvia Garicoche) fue enviado al STJ y se desconoce aún el estado del expediente.
Estas medidas se suman a las cientos de presentaciones individuales que diariamente aterrizan en los distintos juzgados correntinos. Algunas de ellas ya lograron una resolución favorable mientras otros continúan siendo estudiados.
No obstante, la Dpec y la Fiscalía de Estado confirmaron que apelarán todas las acciones presentadas por este tema en su contra. Aseguran en este sentido que el aumento en el costo del suministro eléctrico es producto de la quita de subsidios del Gobierno Nacional a la empresa Cammesa.

17.2.09

DEFENSORA OFICIAL PRESENTO AMPARO CONTRA EL TARIFAZO

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Impuestazo energético: Defensora de Pobres y Ausentes advirtió que el aumento “supera la escala dispuesta a nivel nacional”


Fuente : Radio Dos .-

9:29 | La doctora Nora Maciel realizó una presentación judicial de tipo colectiva en respuesta al aumento en las facturas de energía. Dicho procedimiento, según la magistrada, “tiende a evitar el desgaste de hacerlas individualmente y ante la cantidad de consultas. Nosotros atendemos a personas con ingresos inferiores a 500 pesos, pero también se presentó gente con más ingresos con facturas que duplicaron sus costos, y eso supera cualquier previsibilidad”. “El Ministerio Público está facultado para defender intereses generales en virtud de la propia Constitución Nacional; y en los casos donde se afectan intereses generales, nos dan facultad para hacerlo”, aclaró la doctora Maciel


“Este tarifazo afecta a una gran franja de usuarios y en función de esto debemos generar una acción judicial única que frene el aumento hasta que se realice algunos de los mecanismos institucionales para determinar el aumento, como una audiencia pública o haya un aumento razonable. Esto está muy lejano a lo que decían que iba a ser paulatino. Acá se dio de un modo sorpresivo y con falta total de previsión. Nadie tenía previsto en su economía pagar el doble de lo que pagaba su factura”, explicó la doctora Nora Maciel.

“Cuando se consulta la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, en la cuál determina el aumento, se ve que hay una escala a aplicar, que los aumentos no iban a superar el 21%. Pero esa escala no se aplicó acá, no se traduce en la decisión de la DPEC. Este aumento supera las previsiones de los usuarios. Hay una situación que supera la previsibilidad de la gente”, estimó

“No hay nada resuelto. Estamos esperando una decisión”, aclaró la Defensora de Pobres y Ausentes.

“No puedo arriesgar a un paso posterior, porque mientras no haya decisión colectiva solo están amparados los que lo hacen individualmente. El Ministerio Público está facultado para defender intereses generales en virtud de la propia Constitución Nacional, y en los casos donde se afectan intereses generales, nos dan facultad para hacerlo. Es una cuestión de criterio judicial, pero hay antecedentes. Aunque por interpretación no sabemos como se resolverá”, dijo

Una Defensora Oficial presento Amparo por el Tarifazo ..

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ENERGIA 17/02/2009
Defensora Oficial presentó un amparo contra el “tarifazo”


fuente : Diario EPOCA.-

El Ministerio Público del Poder Judicial de Corrientes presentó una demanda de amparo colectivo en contra del aumento en la tarifa de energía eléctrica. La demanda tiene por objeto hacer cesar los efectos del Decreto 1049/08 firmado por el gobernador Arturo Colombi, que dio lugar al “tarifazo”.

El amparo colectivo fue presentado el pasado viernes cerca de las 13, por la defensora de Pobres y Ausentes Nora Maciel, y en el mismo se pide una acción urgente de la jueza Civil y Comercial Nº11, Silvia Garicoche, quien analiza el caso. Hasta ayer, la magistrada nada había resuelto al respecto.

La presentación realizada por el Ministerio Público a cargo de César Sotelo, mediante la defensora oficial Maciel, apunta al Decreto 1049 del año pasado y toda otra normativa en la que se sustente el aumento de la tarifa de luz en las condiciones actuales.

Según la presentación de la defensora Maciel, el decreto es contrario a los derechos y garantías previstos en la Constitución como en las leyes que son su consecuencia, entre ellas la de Defensa al Consumidor (24.240). El texto además indica que los derechos de los usuarios también se encuentran amparados por tratados internacionales y revisten una categoría de derechos esenciales de tercera generación, siendo el Estado su garante del acceso y disfrute de esos bienes.

A partir de ahora, el Ministerio Público comienza ser el representante de los ciudadanos ante la ausencia de la figura del Defensor del Pueblo, que está contenido en la Constitución provincial, pero que todavía no fue aprobada la ley que reglamente la figura.
En el capítulo XIII “de las acciones”, artículo 52 de la Ley de Defensa al Consumidor, este indica: “La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal”.

14.2.09

LA MISMA DICTADURA, LOS MISMOS CRIMENES


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MALVINAS

AVANCES EN LA CAUSA JUDICIAL




FUENTE : COLABORACION ORLANDO PASCUA.-
(Corrientes, 14 de febrero de 2009)

Tal como estaba previsto el jueves y viernes pasado se llevó a cabo en la sede del Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional , en la Capital Federal , una importante diligencia judicial por la causa que investiga la aplicación de torturas a soldados correntinos combatientes en las Islas Malvinas en 1982. La misma estuvo a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia cuya titular es la Dra. Eva Parcio de Selemme, Secretaría del Dr. Manuel Pizarro.



Hasta Buenos Aires llegaron los cuatro Combatientes de Malvinas correntinos, curuzucuateños, Juan Carlos Gómez (víctima del estaqueamiento), Ramón Meza, Lito Altamirano y Federico Robledo, estos tres últimos testigos del hecho denunciado, acompañados por el Combatiente Orlando Pascua, quien es el impulsor de ésta causa en la búsqueda de la verdad y la justicia.



El día jueves fue el turno de la declaración del combatiente Meza quien ratifico el estaqueamiento al soldado Gómez y además, aportó nuevos datos a la causa judicial.



El viernes fue el día mas importante, ya que se llevo a cabo el reconocimiento de personas, puesto que el suboficial que estaqueó al soldado de la III Brigada de Curuzú Cuatiá durante varias horas en el mes de abril de 1982, en el predio del Liceo Militar "General Roca" de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, antes de ser enviados a las Islas Malvinas, un Sargento Primero de apellido Alvarez, en su declaración en el mes de noviembre en Comodoro Rivadavia, negó ser el autor de dicho estaqueamiento e incluso que el mismo haya existido, o haya existido alguno en las Malvinas.

Los cuatro combatientes ratificaron sin dudar por separado y en rondas de hasta 5 personas mezcladas con el sospechoso al señalar al suboficial Alvarez en la ronda de reconocimientos, lo que le permite a la Magistrada asegurarse que el autor material de las torturas es el mismo que fue indicado por la víctima y los testigos y al mismo tiempo que sea el que recibiera la orden directa del Capitán Daniel Alejandro Delfor Polano (Hoy Teniente Coronel, quien se negó a prestar declaración ante la Jueza en noviembre del año pasado)



Cabe recordar que la investigación es una de las dos que se llevan adelante por la aplicación de tormentos a Combatientes de Malvinas. La otra se lleva adelante en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, a cargo de la Dra. Lilian Herraez y ambas se iniciaron hace dos años cuando el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes Pablo Andrés Vassel investigara los hechos denunciados por la Combatientes de Malvinas que viven en dicha Provincia. La misma originalmente contaba con 23 testimonios. Se conocen hoy el testimonio de más de 100 Combatientes.

“Esto es un avance que consideramos muy importante” señaló Orlando Pascua, “ya que nos permite tener mayor confianza en el accionar de la justicia, por la seriedad y responsabilidad con que se viene llevando adelante este proceso judicial que se inició hace dos años, que tiene el objetivo de conocer la verdad y que se haga justicia, como una manera de recuperar la memoria y revindicar nuestra soberanía” afirmó por último el combatiente malvinero.

11.2.09

El rostro de la barbarie ...


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Denuncian por apremios a efectivos de la Comisaría
XV del Barrio Rio Paraná .-







Se Adjunta Foto donde se observan claramente las Lesiones en Rostro y Brazos.-



Este martes se presento en la Fiscalia N º 6 , una denuncia por apremios contra afectivos policiales de la Comisaría XI del Barrio Río Paraná , entre ellos una oficial del sexo femenino que dirigió el operativo .-



La Victima fue derivada al Cuerpo Medico Forense del Superior Tribunal , donde se constaron las lesiones .-



Los hechos sucedieron el pasado domingo en horas del mediodía , cuando un agente de dicha comisaría , que se encontraba de civil y fuera de servicio , agredió en su domicilio a Fernandez Roberto Eduardo .-



Luego de esto y que el agredido se refugiara en su casa , ingresaron a las misma sin mediar ninguna orden judicial 8 efectivos al mando de una oficial mujer , quienes derrumbaron la puerta trasera destruyéndola y golpearon salvajemente al dueño de casa y a su madre Graciela Canteros , para luego llevarlo detenido , por supuesta resistencia a la autoridad .-



Los agredidos radicaron la denuncia ante el temor de que se repitan este tipo de agresiones policiales , que por otra parte son constantes contra humildes y trabajadores habitantes del barrio .-

Avanza la Causa , contra quienes torturaron en malvinas


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RECONOCIMIENTO DE PERSONAS PARA UN ESTAQUEADOR


Noticia enviada por Orlando Pascua.-

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia a cargo de la Dra. Eva Parcio de Selemme, Secretaría del Dr. Manuel Pizarro, realizará en la Ciudad de Buenos Aires una importante diligencia judicial por la causa que investiga la aplicación de torturas a soldados correntinos combatientes en las Islas Malvinas en 1982.


La misma se trata de el reconocimiento de personas ya que el suboficial que estaqueó al soldado de la III Brigada de Curuzú Cuatiá durante varias horas en el mes de abril de 1982, en el predio del Liceo Militar "General Roca" de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, antes de ser enviados a las Islas Malvinas, un Sargento Primero de apellido Alvarez, negó ser el autor de dicho estaqueamiento e incluso que el mismo haya existido, o haya existido alguno en las Malvinas.

La Magistrada pretende asegurar que el autor material de las torturas sea el mismo que es el indicado por la víctima y los testigos y al mismo tiempo que sea el que recibiera la orden directa del Capitán Daniel Alejandro Delfor Polano (Hoy Teniente Coronel).

La investigación es una de las dos que se llevan adelante por la aplicación de tormentos a Combatientes de Malvinas. La otra se lleva adelante en el Juzgado Federal de Río Grande - Tierra del Fuego a cargo de la Dra. Lilian Herraez y ambas se iniciaron hace dos años cuando el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes Pablo Andrés Vassel investigara los hechos denunciados por la Combatientes de Malvinas que viven en dicha Provincia. La misma originalmente contaba con 23 testimonios. Se conocen hoy el testimonio de más de 100 Combatientes.

Las diligencias judiciales se llevaran adelante en el Edificio "Centinela" de Gendarmería Nacional durante el jueves 12 y viernes 13 del corriente.

10.2.09

JUDICIALES DEL SITRAJ , DENUNCIAN !!!

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FISCALÍA Nº 6
Sitraj presenta demanda por deuda
.-

Fuente : MOMARANDU.-

El Sindicato de Trabajadores Judiciales –SITRAJ-presentó ante la Fiscalía Nº 6 este lunes por la mañana un una denuncia contra el Superior Tribunal de Justicia por no haber liquidado aún los 500 pesos adicionales anunciados en diciembre, que Hacienda liberó la semana pasada.

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Los sindicalistas alegan que el Superior Tribunal de Justicia aún no ha les ha informado cuando comenzarán los pagos del adicional salarial anunciado ya el 15 de diciembre de 2008.

Una semana atrás el Ministerio de Hacienda ordenó al SISPER que liquide los $964.500 necesarios para que el Superior Tribunal de Justicia abone ese plus salarial, por lo que la Corte había informado que en breve pagaría esos fondos.

El abono de este adicional alcanza a la totalidad de los trabajadores de la Justicia, magistrados, funcionarios, administrativos y personal de maestranza y servicios, se efectúa con fondos correspondientes al Presupuesto 2008.

El Poder Judicial ya había incorporado estos fondos y sólo esperaba que el Ministerio de Hacienda ordene al Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos (SISPER), efectuar la liquidación hecho que se produjo en el día de la fecha.
Los sindicalistas solicitan que el Superior Tribunal de Justicia determine la fecha en que esos fondos serán acreditados en las cajas de ahorro de los trabajadores.

Otro Tarifazo , Aguas....

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OTRO TARIFAZO
Noticias de: Inf. General
Marcelo Midón: “en un año, Aguas de Corrientes aumentó un 90% sus tarifas, y eso es inconcebible”

Fuente : Radio Dos.-

10:7 | El abogado patrocinante de damnificados por el inusual ‘tarifazo’ en las facturas de Aguas de Corrientes, reconoció que la empresa puede apelar la decisión judicial pero “mientras tanto debe cumplir y no instrumentar el aumento”.

“En un año aumentaron en un 90% las tarifas. Aguas puede aumentar si corresponde, pero hay un procedimiento y eso nunca se cumplió”, aclaró Midón. “Los costos por la inflación puede incrementarse, pero un 90% es algo increíble. Es 8 veces superior a la inflación verdadera del país”, alertó el profesional del Derecho
“Aguas de Corrientes está en su derecho de apelar la decisión judicial.

Este reclamo recién se inicia y hay todo un proceso por delante. Aguas puede apelar, pero primero debe cumplir la orden judicial. Quiero suponer que la empresa respetará la orden del juez”, expresó el doctor Marcelo Midón, en declaraciones a Radio Dos.
“Para el usuario es un riesgo. Si pierden deberán cargar con todo el gasto, pero alguien debe hacerlo”, consideró.

“En un año aumentaron en un 90% las tarifas. Aguas puede aumentar si corresponde, pero hay un procedimiento y eso nunca se cumplió”, aclaró Midón. “Los costos por la inflación puede incrementarse, pero un 90% es algo increíble. Es 8 veces superior a la inflación verdadera del país”, alertó el profesional del Derecho
“El tema es que si alguien no lo hace la consecuencia es la misma de siempre.

En Corrientes no tenemos, en práctica, un defensor oficial. Tampoco organizaciones o instituciones en ese sentido. Ahora que las papas queman se acuerdan de defender al usuario, pero nadie recordó que el agua cuesta un 90% desde hace un año. Alguien debe poner freno a ésta situación. Corrientes es la más privilegiada del país para conseguir agua. El agua dulce está al alcance de la mano. Por eso es algo inexplicable ese aumento. Hay que comparar los últimos 12 meses. Hicieron un trabajo de hormiga. Aumentaron 3 o 4 pesos que pueden pasar inadvertidos. Pero alcanza ese aumento del 90%”, insistió

7.2.09

Como a los nazis les vas pasar , adonde vayan los iremos a buscar !!!!


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EX FUNCIONARIO DE FACTO
Navajas Artaza perderá jubilación de privilegio


FUENTE : MOMARANDU

Se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la reglamentación de la Ley 26.475 que elimina las jubilaciones de privilegio que aún reciben 14 ex funcionarios civiles de la última dictadura militar, entre ellos el ex gobernador de Corrientes y empresario yerbatero Adolfo Navajas Artaza.

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Navajas Artaza, además de haber sido gobernador de facto de Corrientes a mediados de la década del 60, cumplió tareas de ministro de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión del dictador Reynaldo Benito Bignone, en el tramo final de la última dictadura militar. El texto declara “extinguidos” los beneficios obtenidos por funcionarios que se desempeñaron entre 1976 y 1983.

La Ley 26.475 declara “extinguidos los beneficios obtenidos por aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado como Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional”.

La norma fue sancionada definitivamente por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso, el 17 de diciembre de 2008, promulgada de hecho el 12 de enero pasado, y publicada en el Boletín Oficial de la Nación esta semana. La ley debe ahora entrar como máximo dentro de 90 días de su publicación.

De acuerdo a una causa aún en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, en el establecimiento yerbatero “Las Marías”, propiedad de Navajas Artaza, se produjeron desapariciones, torturas y persecuciones durante la dictadura, hechos por los cuales fue denunciado.

Entre algunas de ellas cuentan las desapariciones de los gremialistas rurales Nery Pérez y Marcelo Peralta, además de torturas y persecuciones de otros trabajadores del lugar, según el expediente 1-19.067/06, radicado en Paso de los Libres. La causa fue derivada al Juzgado Federal de Corrientes por las inéditas inhibiciones en cadena de los magistrados y sus subrogantes, por tener lazos con Navajas Artaza.

Entre los alcanzados por la medida también se encuentran los ex ministros de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y Roberto Alemann, además del ex secretario de Agricultura Jorge Zorreguieta, padre de Máxima, la princesa de Holanda.

Dichos beneficios eran cobrados por ex ministros y secretarios de Jorge Videla –procesado por unos 30 homicidios agravados, cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército–; de Roberto Viola, segundo presidente de facto después de Videla, entre marzo y diciembre de 1981; Leopoldo Galtieri, quien ejerció el mismo cargo entre 1981 y 1982; y Reynaldo Bignone, el último de los dictadores que ejerció entre 1982 y 1983. Recibían entre 3.800 y 4.700 pesos por mes.

Martínez de Hoz fue el primer ministro de Economía de Videla y Roberto Alemann, el titular de Hacienda de Galtieri, mientras que el padre de la princesa Máxima se desempeñó como secretario de Agricultura entre 1979 y 1981, aunque desde 1976 ya era funcionario de la dictadura.

El impulsor de este proyecto fue el senador nacional Gerardo Morales, integrante del radicalismo, y fue sancionado el 17 de diciembre de 2008. Entrará a regir en 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Al respecto, Morales aseguró que en la norma se aclara que se extinguen los beneficios “que hayan sido otorgados al amparo de regímenes o leyes especiales”.

Cuando arrancó la discusión del proyecto las pensiones estaban entre 3500 y 5500 pesos al mes, generando un gasto de unos 80 mil pesos mensuales para el Estado. Es que Los ex funcionarios no sólo cobraban una jubilación de privilegio, sino que contaban con regímenes especiales. Por ejemplo, no cobraban el promedio del sueldo de los últimos diez años sino que se retiraban con el último sueldo, en general el más alto.

20.1.09

SITRAJ Denuncia penal contra el Gobernador y el Ministro de Hacienda



Denuncia penal contra el Gobernador y el Ministro de Hacienda

Fuente: www.sitrajcorrientes.blogspot.com

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) presentó este miércoles, alrededor de las 10 de la mañana, en la Fiscalía de Instrucción Nº 6 –DE FERIA-, a cargo del Dr. Gustavo Alenjandro Robineau, una denuncia penal por la falta de remisión de los fondos excedentes de coparticipación del 2007 al Poder Judicial (PJ), que ascienden a la suma aproximada de 10 millones de pesos.

Los delitos que se imputan son los de retención indebida y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o defraudación por administración fraudulenta y/o malversación culposa de caudales públicos (Arts. 173 inc. 2do.; 248; 173 inc. 7mo. y 262, respectivamente, todos del Código Penal), contra el Gobernador de la Provincia de Corrientes, Arturo Colombi, y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Sergio Federico Tressens y/o quienes resulten responsables.

En la presentación se resalta el incumplimiento del Punto Décimo del Acuerdo Nº 32/08 que dispuso incrementar en $10.235.349,18 los créditos del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial Ejercicio 2008 destinándolos a la Partida de Personal, correspondientes a los excedentes del 2007. El STJ comunicó inmediatamente al PE y al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto de la provincia para su inmediata implementación, sin embargo a la fecha aún no se concreta.

En mayo el Poder Ejecutivo (PE), por medio del Decreto 867/08, distribuyó los fondos excedentes de coparticipación al 31 de diciembre de 2007 dejando de lado a la Justicia, según Art. 20 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2008 Nº 5821. La misma normativa, en su art. 26 indica expresamente que el 6.27 % de ese dinero, que ascendía a $ 163.243.208 millones de pesos, correspondían al PJ.

El gremio había advertido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de dicha situación por la cual se realizaron varios reclamos hasta que el Tribunal de Cuentas se expidió diciendo al PJ que debía dictar la norma administrativa que corresponda y poner en conocimiento al PE a los efectos del envío de los fondos, dando cumplimiento a la Ley de Autarquía Nº 4.420, derivada del art. 192 de la Constitución Provincial.

Fue así que el STJ, por medio del Acuerdo Nº 32/08 cumple con los requisitos administrativos para la recepción de los fondos que aún no fueron acreditados debidamente. Esta claro así que no solo se incumple con la normativa del STJ sino también con la Ley de Presupuesto y la Ley de Autarquía Financiera del PJ violando además la manda constitucional de hacer respetar la misma.